miércoles, 6 de agosto de 2008

La glorificacion de un asesino

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El 5 de agosto de 2008 fue ejecutado a las 9:57 de la noche en punto por las autoridades carcelarias uno de los asesinos más feroces y despiadados que haya tenido el estado de Texas. Se trata de un "mexicano" de nombre José Ernesto Medellín que de hecho nunca vivió en México porque sus padres, se lo llevaron a vivir con ellos a los Estados Unidos cuando tenía apenas 6 años de edad. Aunque nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas, jamás estudió en México ni siquiera el primer año de la escuela primaria, ignoraba prácticamente todo acerca de México, desconocía el Himno Nacional mexicano, no sabía quiénes eran Miguel Hidalgo y Francisco I. Madero, y hablaba el inglés como un nacido en los Estados Unidos. En síntesis, era un "mexicano" pero solo de nacimiento, más no de corazón. Sin embargo, ello no fue impedimento alguno para que al irse acercando la hora de su ejecución a José Medellín le aflorara casi de la nada su "mexicanidad" y que la gran mayoría de los medios informativos en México lo estuviera glorificando como si fuese una víctima del sistema norteamericano de justicia.

Nadie cuestiona los dos asesinatos brutales cometidos por José Medellín en contra de dos niñas indefensas. Por eso fue encontrado culpable de dichos crímenes en el juicio que se llevó a cabo en su contra. Y José Medellín disfrutó aunque no lo mereciera de una muy costosa defensa pagada por los contribuyentes norteamericanos, como lo ordenan las leyes norteamericanas cuando se trata de acusados que no cuentan con recursos para pagar una costosa defensa legal. El jurado, al evaluar los alegatos de la fiscalía y los abogados defensores, concluyó sin la menor duda que el acusado era culpable de los crímenes que se le adjudicaban, y por la brutalidad de dichos crímenes fue sentenciado a la pena de muerte. El crimen fue tan horrendo, que hasta fue publicado un libro titulado "Pure Murder" (Homicidio Puro), escrito por Mitchell Corey, que trata única y exclusivamente sobre la muerte de las dos adolescentes, y el cual comentó el día de la ejecución que la pandilla que mató a las dos adolescentes actuó "con una mentalidad de turba, como una escena de motín". Por su parte, el director de la Oficina para Víctimas de Crimen de la alcaldía de Houston, Andy Kahan, dijo que el homicidio de las menores fue uno de los más horrendos que ha visto durante sus casi 20 años representando a familiares de las víctimas, agregando acerca de la pandilla de la cual era miembro José Medellín que "fue como un festín de fieras salvajes".

José Medellín hasta el día de su ejecución jamás manifestó arrepentimiento alguno ante los familiares de las víctimas por los crímenes cometidos. Todo lo contrario, estuvo luchando hasta el final para evadir su justa condena, y el último recurso en el que tenía puestas sus esperanzas era la supuesta violación de sus derechos consulares, argumento que el gobierno de México con un costo extraordinario para los contribuyentes mexicanos llevó hasta la Corte Internacional de la Haya, logrando obtener de la misma una orden para que se suspendiese la ejecución y se le diese a José Medellín un nuevo juicio comenzando de cero, con todos los gastos del nuevo juicio pagados (incluyendo la defensa de José Medellín por segunda ocasión) por el contribuyente norteamericano. Si sumamos las enormes cantidades de dinero gastadas en los juicios y las defensas llevadas a cabo a favor de este asesino, posiblemente este sea uno de los asesinos más costosos en la historia del continente americano. Los dineros que se gastaron en darle a José Medellín un juicio tras el cual después de haber sido encontrado culpable y sentenciado a muerte siguieron numerosas apelaciones costosas (pagadas por el contribuyente norteamericano) que hicieron elevar la cuenta de su defensa a una suma multimillonaria son dineros que se podrían haber utilizado para construír escuelas u obras de beneficiencia pública en lugar de despilfarrarlos en beneficio de un delincuente que no estaba dispuesto a pagar de ninguna manera por los crímenes que cometió.

Las víctimas eran adolescentes muy apreciadas en la sociedad en la que vivían. Eran todo lo contrario del asesino que las privó de sus vidas. No consumían drogas, no pertenecían a ninguna pandilla, eran aplicadas en sus estudios, y por estas y muchas otras razones fue que se erigió el siguiente memorial post-mortem a nombre de ellas:





Así se veía en vida Elizabeth Peña:





Varias de las observaciones formuladas arriba están documentadas en una serie de tres artículos elaborados por Sergio Sarmiento, uno de los pocos periodistas en quien las víctimas que ya no pueden hablar encontraron una voz aislada entre tantas voces con las cuales muchos medios en México estuvieron glorificando a José Medellín como si fuese un mártir, como si fuese una persona de enorme valía social cuya pérdida era lamentable para México y para el mundo que lo vió nacer. El primer artículo elaborado al respecto por Sergio Sarmiento apareció publicado en el medio local EL DIARIO el 9 de abril de 2008, y se titula "Las víctimas":

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Jennifer Ertman tenía 14 años de edad; Elizabeth Peña, 16. Ambas eran estudiantes de la Waltrip High School de Houston. Una era anglo y la otra mexicano-estadounidense. No era esto un obstáculo para su amistad.

El 24 de junio de 1993 por la noche caminaban de regreso a sus hogares desde el apartamento de una amiga cuando se toparon con un grupo de cinco jóvenes, miembros de una pandilla llamada los Black and Whites. Éstos habían estado bebiendo y llevando a cabo una ceremonia de iniciación de un nuevo miembro. Los acompañaban tres hermanos que no formaban parte de la pandilla.

Los pandilleros detuvieron a las niñas por la fuerza. En un principio Jennifer logró zafarse y corrió, pero su amiga Elizabeth le pidió auxilio a gritos por lo que regresó. Los jóvenes aseguraron así a las dos y empezaron a violarlas. Algunos policías que más tarde investigaron el caso describirían las tumultuarias violaciones, por las heridas que los pandilleros dejaron en los cuerpos de las víctimas, como las más violentas que jamás habían visto.

En ningún momento hubo menos de dos pandilleros sobre cada una de las niñas. Las violaciones fueron orales, anales y vaginales. Uno de los pandilleros se vanagloriaba de haber sacado “sangre virgen”. Las niñas fueron salvaje y repetidamente golpeadas por los pandilleros. A Jennifer le tiraron dos dientes de los golpes.

La violación terminó después de una hora por agotamiento de los pandilleros. Las víctimas estaban convertidas en verdaderas piltrafas. Pero la pesadilla no terminó. Dos de los agresores empezaron a estrangular a Jennifer con un cinturón: cada uno tiraba de un extremo. Como el cinturón se rompió, utilizaron las agujetas de ella para terminar su labor. “La puta no se moría”, declaró posteriormente Joe Medellín, uno de los asesinos. Elizabeth suplicó después que no la mataran, pero también la estrangularon con sus agujetas.

Los pandilleros siguieron pateando y pisoteando a las niñas para asegurarse que estuvieran muertas. A Jennifer le rompieron dos costillas a patadas, pero la necropsia revelaría que ya para entonces no estaba sufriendo.

El hermano de uno de los asesinos proporcionó la primera pista que permitió que la Policía los localizara y los detuviera. Una vez que se les aprehendió, confesaron su crimen. Nunca hubo dudas de la autoría. El hermano de Medellín, que tenía 14 años de edad, que no participó en el doble homicidio, pero sí violó a Jennifer, fue condenado a prisión. Los cinco que participaron en los homicidios, entre ellos Medellín, nacido en México, pero residente en los Estados Unidos desde los seis años, fueron condenados a muerte.

Quince años después sólo uno ha sido ejecutado. Se trata de Sean O’Brien, quien murió por inyección letal, una muerte supuestamente diseñada para no producir dolor, el 11 de julio de 2006. Los otros han litigado en los tribunales durante años para evitar ser ejecutados.

Medellín ha obtenido el apoyo del Gobierno mexicano. La Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país argumenta que se le debe juzgar nuevamente porque no se le dijo que tenía derecho a obtener apoyo del consulado. Él nunca lo solicitó porque, al parecer, se consideraba estadounidense. Desde un principio, de hecho, confesó su participación en la violación, tortura y homicidio de las niñas.

El Gobierno de México llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya la cual le dio la razón a nuestro país. El juicio de Medellín debía declararse inválido ya que las autoridades texanas no habían informado al acusado que podía pedir el apoyo del consulado mexicano de conformidad con la Convención de Viena sobre derechos consulares. El propio presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, recomendó a los tribunales estadounidenses que aceptaran el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Unión Americana determinó que el juicio de Medellín había sido justo y que la decisión de la Corte Internacional no tenía por qué ser obedecida por los tribunales de Texas. Todavía ayer, la secretaria mexicana de Relaciones Exteriores, Patricia Espinoza, cuestionó públicamente la decisión de la Suprema Corte.

Y es muy claro que se violaron los derechos consulares de Medellín. Pero no deja de ser indignante que mientras la canciller Espinoza defiende a Medellín a nadie se le ocurre recordar los hechos de la noche del 24 de junio de 1993. A Jennifer y a Elizabeth tampoco les leyeron sus derechos… ni consulares ni de ningún otro tipo.

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El segundo artículo de Sergio Sarmiento en relación a este tema apareció publicado en EL DIARIO el 21 de julio de 2008 bajo el título "Los derechos de Joe":

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No tengo duda de que los derechos consulares de Joe Medellín fueron violados. Estados Unidos y México, los dos, son signatarios de la Convención de Viena de Relaciones Consulares de 1963, la cual determina que los ciudadanos de un país, al ser detenidos por un crimen en otro país, deben ser informados de su derecho a ponerse en contacto con su consulado.

Nadie le dijo a Medellín, quien nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas, aunque vivió en los Estados Unidos desde niño, que tenía derecho a pedir el apoyo del Consulado mexicano cuando fue detenido en Houston por homicidio en 1993.

Por eso la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, ha solicitado al Gobierno de los Estados Unidos que ordene la suspensión de la ejecución de Medellín programada para el próximo 5 de agosto en Texas. También por eso el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, que no es precisamente un crítico de la pena de muerte, ha solicitado a los tribunales estadounidenses que acaten la petición de la Corte Internacional de Justicia.

Si Washington acepta que se violen los derechos consulares de ciudadanos de otros países en territorio estadounidense, también los derechos consulares de los estadounidenses podrían ser violados en otros países; en otras palabras, los ciudadanos estadounidenses podrían ser procesados sin que se les dé oportunidad de buscar el apoyo de sus cónsules.

No hay duda de que los derechos consulares de Joe Medellín fueron violados cuando se le arrestó sin informarle que tenía el derecho de acudir al cónsul mexicano. Poco importa que se le hayan respetado todos los derechos que le correspondían como detenido en los Estados Unidos, los cuales muchas veces son inexistentes en México.

A Joe Medellín, efectivamente, se le comunicaron sus derechos como acusado. Se le proporcionó también un abogado defensor en el juicio, a pesar de que técnicamente había sido un extranjero ilegal desde su arribo en los Estados Unidos cuando era niño.

No fueron violados, en cambio, los derechos consulares de Jennifer Ertman, de 14 años de edad, y de Elizabeth Peña, de 16. Es verdad que estas niñas, alumnas de la Waltrip High School de Houston, fueron repetidamente violadas, golpeadas y torturadas por Joe Medellín y otros cómplices la noche del 24 de junio de 1993. Pero eso no le importa a la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro País. Sólo le competen las violaciones a los derechos consulares.

Las violaciones a unas niñas sin derechos no son de su incumbencia. Además, sólo una de ellas era de ascendencia mexicana.

Esa noche de verano de 1994, seis jóvenes, entre los que se encontraba Medellín, habían estado bebiendo cerveza y participando en un rito de iniciación de un nuevo miembro de su pandilla, los Black and Whites. Las dos niñas que se cruzaron en su camino se convirtieron en ideales víctimas para probar su hombría. Por eso las secuestraron y las golpearon de manera tan salvaje. Por eso las violaron repetidas veces durante más de una hora y se vanagloriaron de arrancarles “sangre virgen”.

Cuando ya no tuvieron el vigor sexual para violarlas más, empezaron a ahorcar a Jennifer con su propio cinturón. Pero, como declararía el propio Medellín, “la pu... no se moría...”. El cinturón con el que trataban de ahogar a Jennifer –del cual jalaba un joven de cada lado– se rompió. Por eso tuvieron que ahorcarla con sus propias agujetas. Después saltaron encima de ella y le rompieron las costillas. Querían asegurarse que realmente esta niña de 14 años estuviera muerta.

La otra niña, Elizabeth, severamente golpeada, les suplicó que la dejaran ir. Les prometió que se dejaría violar en el futuro si la dejaban con vida. Pero ellos la mataron también con sus agujetas. Afortunadamente, nadie violó sus derechos consulares ni los de Jennifer.

La Secretaría de Relaciones Exteriores ha usado dinero de los contribuyentes nacionales para defender a Medellín y a otros mexicanos condenados a muerte en los Estados Unidos. Después de todo, sus derechos consulares, bajo la Convención de Viena de 1963, fueron violados.

La Corte Internacional de Justicia ha avalado la posición mexicana. Al no haberle informado a Medellín que tenía derecho de llamar al cónsul mexicano, se violaron sus derechos. No se le debería por lo tanto ejecutar el 5 de agosto. Podría incluso dejársele en libertad, porque el proceso estaba viciado de origen.

¿Y Elizabeth Peña y Jennifer Ertman? ¿A quién le importan? Seguramente ellas mismas provocaron lo que les hicieron. Además, nadie violó sus derechos consulares.

ANTIMEXICANO

“El Gobierno mexicano pudo haber escogido algún caso mejor para promover su oposición a la aplicación de la pena de muerte a mexicanos en Estados Unidos –me dice un diplomático estadounidense–. Pero el caso de Medellín es quizá el peor de todos”.

Lo que es más lamentable es que la defensa de Medellín, confeso en un caso que conmocionó a Texas y a toda la Unión Americana, enfatiza la idea que el Gobierno mexicano busca la impunidad para los mexicanos que cometen crímenes en Estados Unidos.

Si eres estadounidense, tienes que pagar por tu crimen, me dicen; si eres mexicano, te defiende el Gobierno mexicano. Con esta política, el Gobierno mexicano fortalece el sentimiento antimexicano que ya es tan común en los Estados Unidos.

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El último artículo de la serie fue publicado en El Diario el 6 de agosto de 2008 bajo el encabezado "El Cónsul Molesto":

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Obviamente molesto me escribe por segunda ocasión Édgar Rebollar, cónsul de protección en el Consulado mexicano de Omaha. Nebraska, en los Estados Unidos. Su molestia procede de mis artículos del 9 de abril, “Las víctimas”, y del 21 de julio, “Derechos de Joe”.

“Una vez más –escribe— le manifiesto mi más profundo desacuerdo con los mismos. En mi opinión, es muy fácil manipular a los lectores de su columna apelando a la sensación de disgusto provocada por los crímenes atroces cometidos por José Ernesto Medellín y su pandilla. La idea con la que el lector podría quedarse, después de haber leído sus artículos, es que el Gobierno mexicano se gasta el dinero de los impuestos de sus conciudadanos en la defensa de criminales. Una vez más se lo repito, señor Sarmiento, el Gobierno mexicano NO defiende criminales ni pide que sean exonerados. Como usted debería saber, en nuestro país NO se aplica la pena de muerte y eso es lo único que nuestro Gobierno solicitó a su contraparte de Estados Unidos”.

La furia del cónsul es quizá comprensible. El primero de mis artículos describía el salvajismo con el que Medellín y sus cómplices violaron, torturaron y mataron a dos adolescentes, de 14 y 16 años de edad, el 24 de junio de 1993 en Houston. Muchos mexicanos, la mayoría, no conocían los detalles del crimen que conmocionó a Texas y por el que se condenó a muerte a Medellín. El segundo artículo registraba la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de pedir una suspensión de las ejecuciones, señalaba que no había duda de que se violaron los derechos consulares de Medellín y añadía con ironía que, afortunadamente, nadie había violado los derechos consulares de Elizabeth Peña y Jennifer Ertman.

“Incluso –continúa el cónsul—, en una parte de ‘Los derechos de Joe’ usted afirma que ‘¿Podría incluso dejársele en libertad, porque el proceso estaba viciado de origen.’ Por favor, señor Sarmiento, usted bien sabe que ése NO es nuestro objetivo. Una vez más le pido que deje de utilizar la lógica a su antojo con el propósito de dejarnos en una posición difícilmente defendible ante la opinión pública”.

Cualquiera que conozca el sistema de justicia de los Estados Unidos sabe que los abogados utilizarán la violación a los derechos consulares de Medellín como argumento jurídico para buscar la declaratoria de invalidez del proceso. Los abogados, de hecho, serían omisos en su responsabilidad si no lo hicieran.

“Por otra parte, me llama mucho la atención que usted insista en llamar Joe a José. Será porque, en su opinión, el señor Medellín dejó de ser mexicano por haber vivido casi toda su vida en los Estados Unidos. Lo que sucede en la realidad, señor Sarmiento, es que los inmigrantes que se encuentran viviendo en los Estados Unidos de forma indocumentada, como es el caso de José Ernesto Medellín o Joe Medellín como usted lo llama, NO dejan de ser mexicanos aunque mueran en los Estados Unidos”.

La razón por la que me refiero a Medellín como Joe es porque así se llamaba él mismo y porque así lo llamaban sus amigos, como consta en las declaraciones del caso. Su hermano, sentenciado a 40 años por violación, es Vinnie y no Venancio. Peter Cantú, el tercer sentenciado a muerte por el caso, también se llama a sí mismo Peter y no Pedro.

“Por último, usted afirma que un diplomático norteamericano le comentó que el Gobierno mexicano bien pudo haber escogido otro caso para defender su oposición a la pena de muerte. Qué lástima que a usted le interese más lo que piensen los diplomáticos norteamericanos que los que representan a su Gobierno. Si usted le preguntara a un diplomático mexicano quizá él podría ilustrarlo un poco más sobre la política de nuestro Gobierno en relación con los mexicanos condenados a la pena capital”.

Extraño me parecería un patriotismo que me impidiera hablar con diplomáticos extranjeros para hacer mi trabajo y ciertamente no estoy dispuesto a practicar un periodismo que se limite a repetir la línea del Gobierno mexicano en cualquier tema.

El cónsul Rebollar concluye: “Quizá esté de más, pero le comunico que lo expresado es a título personal”. Por supuesto. Quién podría dudarlo.

No me sorprende, de hecho, la molestia del cónsul. Conocer la violencia con la que Medellín y sus cómplices violaron, torturaron y mataron a dos niñas hace que tiemble cualquier intento de defensa. Por eso la Junta de Perdones de Texas decidió por unanimidad no presentar una petición de clemencia al gobernador Rick Perry. El crimen que cometieron Medellín y sus cómplices fue uno de los más salvajes en la historia de Texas.

Presento aquí con gusto la opinión del cónsul Rebollar. Lo único que lamento es que en ninguno de sus dos correos haya mencionado siquiera los nombres de Elizabeth Peña y Jennifer Ertman. Quizá para los diplomáticos mexicanos hay condenados a muerte, pero no víctimas de sus crímenes.

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Una observacion importante que debe ser hecha es que la costosa defensa que el gobierno mexicano llevó a cabo de José Medellín ante al Tribunal Internacional de la Haya alegando la violación de sus derechos consulares es una defensa que se podría haber llevado a cabo hace quince años, cuando José Medellín fue arrestado y sometido a juicio por sus crímenes. No había razón alguna para que el gobierno mexicano se hubiera esperado tanto tiempo para recurrir a tal instancia. Esto deja la impresión de que José Medellín y el gobierno de México se estuvieron guardando pacientemente este argumento debajo de la manga dejando pasar la mayor cantidad de tiempo posible, con el objetivo de que en caso de que quince años después el argumento de la defensa de los derechos consulares hubiera "pegado", un nuevo juicio en contra de José Medellín hubiera sido mucho más difícil de ganar para la fiscalía por la cantidad de tiempo transcurrido, y en tal caso posiblemente no habría quedado más remedio que dejarlo libre, con lo cual el gobierno de México se habría anotado un supuesto gran triunfo al haber no solo salvado la vida de un mexicano condenado a muerte en los Estados Unidos sino inclusive lograr su liberación. Sin embargo, si tal era la verdadera intención de haber esperado tanto tiempo, las apuestas fallaron y el criminal tuvo a fin de cuentas su encuentro con la justicia. Quizo burlar a la justicia norteamericana, y perdió en su intento. De cualquier modo, todavía un día antes de su ejecución José Medellín argumentaba que era muy cruel matar a una persona por un crimen cometido quince años atrás, por tratarse de personas diferentes (según él), porque de acuerdo con sus argumentos una persona cambia tanto en quince años que ya no es la misma persona que la que era quince años atrás, es otra persona completamente diferente, físicamente, mentalmente y espiritualmente. Un argumento de última hora que a fin de cuentas no le sirvió ya de nada.

Entendiblemente, José Medellín fue en vida uno de los opositores más vocales en contra de la aplicación de la pena de muerte (después de haber sido sentenciado a la pena de muerte, claro está). Ojalá lo hubiera sido cuando mató con sus propias manos a esas dos jóvenes cuya única culpa fue haberse atravesado en su camino.

La glorificación que se hizo de José Medellín, como si realmente hubiera sido alguna vez en su vida una persona tan valiosa para la sociedad como Albert Einstein o el Papa Juan Pablo II, llegó a tal extremo que además de ser entrevistado por conductores de televisión como Adela Micha la administración del presidente George Bush intervino personalmente a favor suyo pidiendo la suspensión de su ejecución recurriendo para ello a la Suprema Corte de Justicia el primero de mayo de 2007, tras lo cual la Suprema Corte emitió su veredicto inapelable el 25 de marzo de 2008 rechazando las argumentaciones de la administración de Bush, allanando el camino para que el estado de Texas pudiera aplicarle a José Medellín su pena de muerte que ya había sido postpuesta docenas de veces con los argumentos más infantiles que se pueda uno imaginar, argumentos que en realidad no eran más que tácticas dilatorias legales (que en México se conocen como "chicanas") para retrasar lo más posible la aplicación de la sentencia. Muchas de estas tácticas dilatorias fueron ocurrencias del mismo José Medellín. Y es que José Medellín, buscando evadir su castigo, y al igual que otros en su misma situación, durante su estancia en prisión se puso a estudiar acuciosamente libros de jurisprudencia relativos a todo lo que tuviera que ver con sentencias de muerte, a grado tal que se convirtió en todo un experto legal con más argumentos de defensa que los que tenían sus abogados defensores.

Si José Medellín realmente hubiera estado en disposición de pagar su deuda ante la sociedad acatando con resignación la condena que le fue impuesta, no habría estado metiendo tantas apelaciones legales a través de sus abogados que retrasaron la aplicación de su condena por 15 largos años. En los Estados Unidos, ningún abogado está facultado para meter apelación alguna a favor de nadie si tal maniobra no ha sido autorizada de antemano por el acusado o el sentenciado. Esto fue justo lo que ocurrió en el caso de Timothy McVeigh, el responsable del bombazo que destruyó un enorme edificio en Oklahoma, considerado el peor terrorista norteamericano en la historia de los Estados Unidos. Timothy McVeigh desconoció ante el Juez que llevaba su caso todas las acciones legales que sus abogados estaban llevando a cabo a favor suyo, y al hacer esto les ató las manos, tras lo cual ya no hubo forma de que detener la aplicación de la pena, lo cual ocurrió el 11 de junio de 2001 en Terre Haute en el estado de Indiana. Si la aplicación del castigo de José Medellín se demoró tanto tiempo es porque José Medellín estuvo metiendo apelación tras apelación tras apelación recurriendo a tantos pretextos y tecnicismos legales que la lista se antoja interminable. Estuvo pidiendo para sí todas las oportunidades que él mismo le negó a sus propias víctimas, lo cual es una hipocresía que se antoja cruel. El "valor" que tuvo para matar a sus dos víctimas indefensas fue el mismo valor que le faltó a este cobarde para enfrentar su propia pena. El último "as en la manga" que le quedaba era precisamente solicitarle al gobierno de México interceder a nombre suyo ante el Tribunal de la Haya para que se obtuviera la anulación de su pena argumentando sus derechos consulares, lo cual dió el resultado que esperaba, pero con lo que no contaba era que ni el gobernador del estado de Texas Rick Perry ni la Junta de Perdones de Texas iban a acatar la autoridad de un tribunal extranjero ante el cual los familiares de las víctimas no tuvieron ninguna representación, no contaba con que las instancias judiciales de Texas no estarían dispuestas a acatar el fallo de la Corte Internacional de la Haya dada la naturaleza brutal de sus crímenes. Y aunque poco antes de ser ejecutado, el feroz asesino José Medellín se dirigió a los familiares de las víctimas diciéndoles "Siento que mis acciones les hayan causado dolor, espero que esta acción (la ejecución) les dé el conforte que ustedes buscan, no cosechen odio", estas palabras suenan huecas porque la ejecución que estaba programada para llevarse a cabo a las seis de la tarde tuvo que ser aplazada cuatro horas extra (interminables para los familiares de las víctimas) porque José Medellín estaba todavía a la espera de que la Suprema Corte de Justicia en el último momento cancelara la ejecución con un recurso legal urgente que sus abogados metieron como intento desesperado de "chicana" legal, recurso que fue desechado por la Suprema Corte de Justicia. Si por José Medellín hubiera sido, él habría estado más que contento con un aplazamiento de su sentencia de muerte por otros 15 años, carcajeándose de los familiares de las víctimas. Al final, fue ejecutado no porque él mismo lo pidiera, sino porque el sistema de justicia norteamericano quedó más que harto con tantas dilaciones y apelaciones desgastantes cuya única finalidad era burlar la acción de la justicia

El día de su ejecución, a José Medellín varios periódicos le dedicaron una plana completa, dándole una importancia que no merecía, como si fuese una estrella de cine o como si fuese un mexicano que acababa de ganar el premio Nóbel o una medalla de oro para México en los juegos olímpicos o un mexicano que acababa de derrotar a David Beckham en la cancha. Estos mismos medios jamás dieron voz ni imagen a las madres de las víctimas, ni publicaron las fotos de las víctimas, ni dieron entrada a declaración alguna de los fiscales o a los miembros del jurado que encontraron a José Medellín culpable de los crímenes atroces de los que fue acusado, como si las víctimas y los familiares de las víctimas y los juzgadores de José Medellín no existiesen. Toda la atención, todos los reflectores, toda la cobertura era para José Medellín y los que estaban a favor de él. Los demás no contaban. Lo importante era unir a todo México en torno a José Medellín convirtiéndolo casi en el equivalente de un superhéroe injustamente encarcelado e injustamente sentenciado. Lo entrevistaron conductores famosos pidiéndole su opinión acerca de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y la guerra en Irak. Poco faltó para que pidieran su canonización y convocaran a una colecta en todo México para construirle un momumento y de ser posible un altar para adorar su imagen y pedirle milagros.

El 5 de agosto José Medellín fue despachado por la vía rápida ante la presencia de otro Juez, inapelable, ante el cual José Medellín no puede mentir ni negar lo que hizo por ser un Juez que conoce todos y cada uno de sus actos desde que nació, un Juez que sólo él sabe si José Medellín tuvo un arrepentimiento sincero por lo que hizo o si todo lo que hizo fue una simulación con la única finalidad de salvarse del patíbulo.

Como resultado de su ejecución, los demás miembros de la pandilla a la cual pertenecía José Medellín seguramente la van a pensar dos veces antes de hacer lo mismo que lo que hizo el hoy ejecutado, aunque tales crímenes sean "obligatorios" como requisito para poder ingresar dentro de pandillas como esta; porque si son capturados lo más seguro es que van a correr la misma suerte que la que corrió José Medellín, aunque sean glorificados, aunque sean motivo de entrevistas de parte de conductores de noticieros famosos, aunque intervenga en defensa de ellos el gobierno de México gastando millonadas, aunque intervenga por ellos la Corte Internacional de la Haya. Esto los hará pensar dos veces, y muy posiblemente no van a incurrir en el mismo tipo de crímenes como los crímenes que cometió José Medellín porque les puede terminar costando la vida. Y esto, a fin de cuentas, es el verdadero propósito de la pena de muerte, el inhibidor del crimen más potente que se conozca. Y esta es la lección importante que los políticos en México opositores a la pena de muerte se resisten a aprender, incapaces de asimilar la importancia de esta lección, aún tratándose de casos de secuestradores asesinos como Daniel Arizmendi "El Mochaorejas" o como la banda de secuestradores asesinos (la "banda de la flor") que mató al niño Fernado Martí en la Ciudad de México pese a que los familiares les pagaron el dinero convenido por el rescate. Y luego todavía hay muchos que se andan preguntando por qué hay muchos más secuestradores y asesinos en México en donde no se aplica la pena de muerte ni hay prisión perpetua que en los Estados Unidos en donde sí se aplica la pena de muerte y si existe la condena perpetua.

José Medellín no es el único miembro de la pandilla a la que pertenecía en haber sido condenado a la pena de muerte por el crimen de las dos jóvenes. Hay otro, de nombre Peter Cantú, que también está en el camino del patíbulo, y al cual también de repente le está aflorando su "mexicanidad", quizá con la esperanza de que los medios en México, tanto la prensa como la radio y la televisión, además de las instancias oficiales, lo glorifiquen por su único mérito de tener ascendencia mexicana. Desafortunadamente, esta apasionada defensa que se está llevando a cabo en todo México de estos criminales que residen en los Estados Unidos está contribuyendo a atizar el odio que muchos norteamericanos de por sí racistas sienten en contra del mexicano promedio, un odio que se vierte en contra de los millones de mexicanos indocumentados que residen en dicho país, aunque muchos de ellos al igual que el mexicano promedio que vive en México también sean víctimas de la delincuencia.

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